La seguridad social en la Argentina -comprendida como sistema integrado de protección social- ha venido sufriendo desde inicios del gobierno de Mauricio Macri una sostenida declinación en los niveles de amparo de la población en general. El período comprendido por la presidencia de Macri desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, ha sido bautizado por especialistas como un período de “inseguridad social” en alusión al retiro del Estado como garante del Derecho a la Seguridad Social de todo ciudadanx[1].
Este notorio deterioro, cobra un carácter más acuciante en los sectores sociales o colectivos con mayor grado de vulnerabilidad social[2], tales como: jubiladxs y pensionadxs con prestaciones nominalmente mínimas; beneficiarixs de prestaciones no contributivas; personas con discapacidad; niñxs titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección social, otorgadas en el seno de familias que se desempeñan en la informalidad laboral o cuyos adultxs estén desempleadxs; mujeres embarazadas beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AEPP), personas trans y travestis sin acceso a prestaciones mínimas en materia de salud en el presente y sin garantías de acceso en el futuro a jubilaciones, pensiones y “reparación histórica”[3].
Se trata de las consecuencias esperables al despliegue de un programa neoliberal signado por el estímulo desenfrenado de los negocios financieros por sobre las actividades productivas –a excepción de las estrictamente primarias y/o extractivas-, que conlleva un creciente endeudamiento, reforzado –en términos de deuda pública y de condicionamientos de políticas soberanas- por el acuerdo suscripto con el FMI en 2018, a través del préstamo más grande en la historia de este organismo financiero. En este escenario, se registra un vertiginoso aumento del costo de vida, pérdida del poder adquisitivo de ingresos[4] y el crecimiento del desempleo a dos digítos, siendo mayor en el caso de las mujeres, y adquiriendo rasgos dramáticos para las más jóvenes. Este cuadro de situación se expresa en la magnitud que ha alcanzado la pobreza por ingresos, que para el primer trimestre de 2019 se ubica en el 35,4% de la población (INDEC, 2019).
El caso argentino que aquí se presenta sirve como muestra del impacto de las políticas neoliberales sobre los sistemas de protección social, y de la funcionalidad de los condicionamientos del FMI en estos procesos.
Modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones a pedido del FMI
El cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria (la que determina el aumento periódico del valor monetario de los haberes) por una nueva aprobada por el Congreso nacional en diciembre de 2017 -en un contexto de represión a las movilizaciones contra la reforma previsional- llevó a una caída del poder de compra de las prestaciones previsionales del orden del 19,1% en 2018 en relación a la medición inflacionaria oficial. Esta merma se proyectó sobre las prestaciones del Subsistema de Asignaciones Familiares, que paga transferencias monetarias por hijxs, y que incluye tanto a trabajadorxs formales, monotributistas[5], trabajadorxs de actividades especiales como la agraria, de temporada, de casas particulares, trabajadorxs de la economía informal y beneficiarixs previsionales, en razón de tratarse de la misma ecuación de movilidad de los beneficios para todos los casos.
Por su lado, también se produjo la detracción de recursos tributarios que abastecen el financiamiento del sistema previsional, sumado a una política sutil pero sostenida y permanente de afectación del patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES (FGS)[6] a través de la venta de activos, inversiones de dudosa recuperación, o préstamos al Tesoro y demás organismos públicos. Esto pone en serio riesgo la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo del sistema previsional único de cobertura nacional y, en consecuencia el destino de jubiladxs y pensionadxs, y demás prestaciones y/o programas vinculados al FGS.
Adicionalmente, el estancamiento del valor real del Salario Mínimo Vital y Móvil –equivalente a menos del 50% de la canasta básica promedio- acarrea la depreciación de la cobertura económica que brinda el Subsistema de Prestaciones por Desempleo a las personas que son expulsadas del mercado de trabajo.
A mediados de 2018 se intentó restringir la cuantía de las prestaciones vinculadas a la protección integral de la familia, amparadas especialmente por el sistema constitucional vigente que incluye a los instrumentos internacionales de derechos humanos refrendados. Lo que se buscó fue la eliminación de las escalas que favorecen diferencialmente determinadas zonas o regiones del país en razón de reconocidas desventajas productivas y/o climáticas. Esta medida, concretada mediante actos administrativos, fue abandonada luego de fallos judiciales que la invalidaban y de proyectos de ley del parlamento que la desautorizaban legalmente.
Además del intento de recorte de asignaciones familiares por zonas diferenciales, la administración de Macri avanzó en la suspensión de beneficios a sectores vulnerables, en particular, sobre las personas con discapacidad, que sufrieron un constante ataque desde mediados de 2016. Entre 2017 y 2018 el gobierno redujo más de 170 mil pensiones por discapacidad y publicó una resolución que estableció una serie de requisitos adicionales para recibir pensiones de invalidez que son contrarias a los principios básicos de derechos humanos[7]. Desde entonces y durante el 2019 estuvieron sostenidas en base a pronunciamientos judiciales que han logrado frenar los intentos de “revisión” de los beneficios ya otorgados[8].
Empobrecidxs y endeudadxs
La nómina de medidas socialmente regresivas que se viene enumerando, se inaugura en 2016 con la restricción y reducción del porcentaje de cobertura de medicamentos para lxs adultxs mayorxs por parte de la obra social del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). En paralelo, la desregulación del precio de estos insumos llevó a un incremento del orden del 25% por encima de la inflación en los tres años y medio de la administración de Macri, agravado por un incremento superior al 300% en medicamentos de uso imprescindible en adultxs mayores. Todo ello se produce en un contexto de inflación acelerada, que deteriora el poder de los salarios y aumenta los bienes y servicios más básicos (alimentos, remedios, alquileres, etc.).
En otra línea de intervención, desde julio de 2017, el gobierno extendió el programa de microcréditos destinados a consumo a los titulares de beneficios no contributivos. Estos sectores que hoy se encuentran con sus magros ingresos reducidos, accedieron a tales créditos a fin de poder cubrir gastos corrientes como alimentación, salud e incremento de tarifas. En la nómina de endeudamiento a través de este programa, la mayoría son mujeres de sectores populares.
Las mujeres como posible variable de ajuste
Durante el gobierno anterior (2003-2015), se impulsó un plan de inclusión previsional, a través del cual se incorporaron al sistema previsional personas que no habían acumulado los registros contributivos suficientes. El programa permitía el cobro del haber y el pago de las contribuciones adeudadas mediante un sistema de “moratoria”. Si bien el beneficio estaba igualmente disponible para varones y mujeres, fueron ellas quienes accedieron mayoritariamente a las jubiliaciones (el 86% fueron mujeres). Esto fue el resultado directo de la sobre-representación de las mujeres en el empleo informal y en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que implica trayectorias contributivas más débiles (CELS et al., 2018). Si bien la medida fue planteada como general, fue conocida popularmente como “régimen de jubilaciones para amas de casa” reconociendo en las mujeres un colectivo que históricamente más ha padecido las inequidades del mercado de trabajo y ha tenido menor participación en el empleo registrado.
Profundizando los retrocesos en materia previsional, en el año 2016 el gobierno impulsó el mal llamado “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, que jaquea el sistema previsional. En ese programa se prorrogó por 3 años la moratoria previsional mencionada arriba, pero únicamente para las mujeres, e incorporando simultáneamente nuevos requisitos en materia de comprobación patrimonial, lo que iba restringiendo su cobertura. Para quienes quedaban fuera (los varones, y mujeres que no cumplían con los nuevos requisitos), se implementó la Pensión Universal para Adultos Mayores, beneficio que representa un 80% del haber mínimo previsional, requiere la acreditación de vulnerabilidad social, no encontrarse activo en el sistema de registro laboral y residir en el país; no siendo transferible en caso de fallecimiento, entre otras restricciones. Adicionalmente, para las mujeres, la PUAM trajo un agregado perjudicial: la edad requerida para el otorgamiento de la prestación se elevó 5 años, de 60 a 65 respecto de la exigida por la moratoria.
Consecuente con estas medidas, hacia el mes de julio de 2019 el gobierno anunció el fin de la “jubilación para amas de casa”. Sin embargo, como resultado de la movilización de amplios sectores sociales, especialmente del movimiento feminista, la administración de Macri se vio obligada a prorrogar nuevamente el beneficio hasta el año 2022[9].
Las desigualdades de género que atraviesan el mundo del trabajo y la seguridad social se ven reforzadas al comprobarse que el Estado vuelve a retirarse de su función de garantizar el acceso a derechos. El fin de la moratoria previsional hubiera vedado a miles de mujeres el acceso a prestaciones previsionales. Sin embargo, esta nueva prórroga del sistema de moratoria se da junto con una mayor focalización en su acceso, por elementos propios del diseño de la medida, pero a su vez por la incorporación de nuevos requisitos en términos de condición patrimonial de las personas que lo solicitan.
Esta modificación en la calidad de derechos genera mayor segmentación entre lxs incluidxs en el mercado laboral formal y quienes -como el caso de las mujeres, lesbianas y trans- tienen trayectorias laborales intermitentes. Significa un retroceso para las mujeres que accedieron a las moratorias entre 2003 y 2016, donde se jubilaron 1.796.439. La restricción en los beneficios de la moratoria no es más que la condena patriarcal hacia las mujeres trabajadoras que dedicaron la mayor parte de su vida al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado[10]. Esto profundiza aún más las desigualdades sociales y de género y ubica al Estado Argentino incumpliendo el Convenio 102 de OIT sobre Seguridad Social, y desconociendo las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas frente al impacto de las políticas económicas en los DESC en Argentina[11].
Finalmente, es incontrovertible que asistimos a un período (2015-2019) en el cual se verificó una retroceso del Estado Argentino en materia de políticas de protección e inclusión social, que se manifiesta entre otras cuestiones en la depreciación de las prestaciones en general, una merma del financiamiento de los regímenes y un abandono de la tendencia a universalizar la Seguridad Social. Estos serán puntos clave a considerar frente a un cambio de gobierno en diciembre de 2019 y con el desafío de renegociar la deuda con el FMI.
Como hemos podido
analizar, este cuadro de situación en materia de seguridad social, violentó de
manera flagrante los estándares alcanzados a partir del compromiso asumido por
el Estado con la incorporación de los instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos y al ordenamiento constitucional como
mecanismo de redistribución de ingresos.
[1] Ver: Miguel Fenández Pastor, Página 12, 31/10/18.
[2] Por ejemplo, y tal como se explicará en la próxima sección, en diciembre de 2017 se modificó la fórmula para la actualización del valor monetario de las transferencias que reciben estas poblaciones, lo que implicó una pérdida del valor en términos reales. En el año 2018, mientras las transferencias aumentaron el 28,5%, el índice general de precios lo hizo en 47,6%. Fuentes ANSES; UNDAV (http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/22727.pdf).
[3] “Reparación histórica” en los términos entendidos por la comunidad trans. El antecedente más reciente de una medida en este sentido, se dio en Argentina a nivel subnacional, en la provincia de Neuquén, con el programa que “reconoce que hubo y hay una violación sistemática de los derechos de las personas trans y busca paliar el abandono estatal mediante un aporte económico mensual y acceso a la obra social (cobertura médica)”. Ver: http://agenciapresentes.org/2019/03/20/reparacion-historica-a-trans-mayores-de-40-anos-en-neuquen/
[4] Como se mencionó, de acuerdo al INDEC, la inflación general en 2018 es del 47,6%.
[5] El Monotributo es un sistema de unificación y simplificación impositiva para lxs trabajadorxs independientes de menores ingresos. A a partir del pago de una sola cuota mensual se cumple con las obligaciones impositivas y previsionales: https://monotributo.afip.gob.ar/Public/Ayuda/Index.aspx
[6] El FGS está conformado por una cartera de activos financieros, posesiones accionarias de diversas empresas y otros activos cuyo objetivo es el sostenimiento financiero del sistema previsional a mediano y largo plazo, y la ejecución de programas de seguridad social (créditos para vivienda, transferencias a estudiantes para apoyar la terminalidad de estudios, insumos informáticos al sector educativo, apoyo a proyectos productivos del sector privado, apoyo a proyectos energéticos y de infraestructura del sector público, etc.); ha perdido entre diciembre de 2015 y octubre de 2018 un suma cercana a los $31.041 millones de dólares: https://www.pagina12.com.ar/147548-el-fgs-se-licua
[7] Datos de la presentación de IDA ante la sesión 64 del Comité de DESC en ONU, Ginebra, 2018.
[8] Ver: http://public.diariojudicial.com/documentos/000/083/466/000083466.pdf
[9] Fueron parte de estas acciones, las movilizaciones al ANSES, las jornadas de debate “Norma Plá”, talleres en los sindicatos, declaraciones de especialistas en el campo de la seguridad social: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2k77H-jVMZsWnb9AGlArPf_d1zS33GMJQRztSbWlavqW_4w/viewform?fbclid=IwAR0X8nSiMWBfPUMNTELJ-MjiBfrBkdTJdec-K4FnfIQgUaDutPQ4slTrfVk
[10] CEPA (2019) “De Pobreza Cero a pobreza cien mil, análisis de la Pensión Universal de Adultos Mayores como reemplazo de la moratoria previsional para el acceso a la jubilación”. Marzo.
[11] Al respecto ver el informe presentado por CELS, ANDHES, DAWN y otras organizaciones de la sociedad civil ante la ONU en 2018: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/09/informesDESC.pdf