Por: Virginia Recagno.

Para experta argentina, la asistencia de adultos mayores sería el principal desafío del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
“El caso iluminado”, dice cuando se refiere a Uruguay, al que considera un ejemplo de avance en políticas específicas de cuidados. Corina Rodríguez se define economista feminista; es parte de la corriente que enfrentó la “limitada visión de la realidad” que tiene, según ella, la economía. Es docente universitaria argentina e integra el Comité Ejecutivo de la red Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus siglas en inglés), dedicada a la investigación desde una perspectiva feminista. Trabaja en políticas sociales, mercado laboral, pobreza y distribución del ingreso, y los reúne en lo que llama “economía del cuidado”.

-Te dedicás a la economía del cuidado, concepto que promueve la economía feminista. Empecemos por definir el enfoque de esta última.

-Sería una corriente de pensamiento dentro de la economía, que se ocupa de hacer dialogar a ésta con los feminismos. Básicamente, quienes trabajamos desde ella intentamos dar cuenta de que las relaciones de género atraviesan las relaciones económicas, primero poniendo sobre la mesa la limitación de la versión ortodoxa para explicar dimensiones fundamentales de la realidad. La economía feminista es un programa académico, pero también un programa político: dotamos a la economía de herramientas para comprender mejor la realidad, pero también para transformarla.

-¿Qué es lo que se busca transformar?

La desigualdad. Y no estoy hablando de la desigualdad entre varones y mujeres solamente, sino también entre mujeres. Hay dimensiones en las que se hace muy evidente la interrelación entre las desigualdades de género y las desigualdades socioeconómicas, “de clase”. Así llegamos a la economía del cuidado.

–¿Qué es la economía del cuidado?

-Hoy la evidencia demuestra que la forma en la que las sociedades resuelven la dinámica de reproducción cotidiana de la vida -que conceptualmente podemos llamar la organización social del cuidado- es injusta porque las responsabilidades están distribuidas de manera desigual entre varones y mujeres. La situación cotidiana frente a la que organizamos el trabajo no es la misma para una mujer de estrato socioeconómico bajo que para una mujer de mayores recursos, que puede comprar servicios de cuidado e incluso derivarlos a un espacio fuera del hogar. Las de menores recursos, por lo general, entran en un círculo vicioso: como no pueden derivar el cuidado, no pueden darse el tiempo para generarse recursos que, a su vez, les permitan pagar un servicio de cuidado. Nosotras consideramos clave visibilizar esto: que la organización social de cuidados es en sí misma un vector de reproducción de la desigualdad.

-¿A qué responde la división sexual del trabajo para la economía feminista?

-Hay diferentes variaciones en las explicaciones dentro de los feminismos; todas concuerdan en que no es un proceso natural. Hay una naturalización de las capacidades de las mujeres para cuidar, se concibe naturalmente que nos dediquemos al cuidado y asumamos más responsabilidades que los hombres, como si nuestras capacidades para parir y amamantar nos dotaran de la capacidad de cambiar pañales, limpiar la casa, hacer las compras. Hay una corriente de conocimiento (la “nueva economía del hogar”) que trata de demostrar que las mujeres se quedan en la casa cuidando de los hijos por un tema de ventajas comparativas, y lo que vinimos a denunciar las feministas es justamente lo contrario, que la división sexual del trabajo no es natural, sino que está socialmente construida. Hay hogares que deciden de la manera más razonable que las mujeres se queden en la casa cuidando a los niños y que los hombres salgan al mercado laboral, porque el mercado laboral discrimina y el salario que puede percibir esa mujer es menor que el salario que puede percibir su compañero. Entonces, evidentemente, hay mecanismos racionales de tomar decisiones que refuerzan esa división sexual del trabajo, pero el problema es la discriminación que lo retroalimenta.

-¿Políticas que llevaran a una mayor igualdad en el mercado de trabajo repercutirían en un reparto más igualitario del cuidado?

-Sí, y efectivamente Uruguay es un lindo ejemplo de eso. Uruguay ha tenido en los últimos años un proceso de crecimiento económico que ha requerido la incorporación de la fuerza de trabajo de las mujeres al mercado. No casualmente es en este período que se instala el debate del Sistema Nacional [Integrado] de Cuidados [SNIC], motorizado por la sociedad civil. Hay permeabilidad a esta demanda social por la coincidencia que se produce con el momento económico.

-¿Es importante para la economía feminista contabilizar el valor económico del trabajo de cuidado no remunerado, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto (PIB)? ¿Cómo se haría en tal caso?

-Hay mucho debate en torno a eso. Por un lado, hay una batalla ganada de que ese trabajo que reproduce cotidianamente la vida realiza un aporte al sistema porque, si no existiera, el capital no tendría fuerza de trabajo para contratar. Hay mucho trabajo respecto de metodologías para darle un valor monetario al trabajo no remunerado. En México, por ejemplo, estiman que el valor de este trabajo equivale a 20% de su PIB. Pero si remuneramos esto, estamos consolidando que ese trabajo lo sigan haciendo las personas que lo vienen haciendo. Ahí hay una tensión entre darle una idea de magnitud a este trabajo no remunerado y la demanda política que construimos. Nosotras queremos que se reconozca el valor de trabajo; podemos apreciar una retribución, pero lo que fundamentalmente queremos es que ese trabajo se redistribuya: entre varones y mujeres, pero también entre los hogares, el Estado y el mercado.

-¿Cómo debería abordarse el cuidado de adultos mayores?

-Hay una consideración social instalada de que el espacio óptimo para el cuidado de las personas mayores es el hogar, y eso genera un montón de dificultades. Yo creo que hay que pensar en una política que brinde servicios de cuidados de orientación universal a los adultos mayores, que tenga componentes que se adapten a las necesidades diversas de estas personas y de los hogares donde viven. Esto puede cubrir provisión extradoméstica -como los centros de salud- para permanecer durante el día o permanentemente, pero también debe contemplar la posibilidad de cuidadores domiciliarios. En nuestros países existe la sensación de que cuando llegamos a determinada edad las personas somos inservibles, y creo que las políticas hay que pensarlas con una visión que cambie este paradigma. No sólo para ver qué le podemos sacar de ventajoso, sino para contribuir a que tengan una mejor calidad de vida.

-¿Qué opinás de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF)?

-Me parece que son políticas relevantes en el sentido de que atienden una demanda de cuidado, y uno de los ejes sobre los que se quiere construir el Sistema de Cuidados. Mi reparo con políticas del tipo CAIF -y esto lo relaciono más con el tipo que hay en Argentina- es que tienden a profundizar la segmentación de la provisión de servicios públicos para el cuidado de niños y niñas. El panorama que plantean es: niños y niñas por debajo de la edad escolar de hogares de mayores ingresos van a jardines de infantes privados, mientras que el resto va a los Centro de Desarrollo Infantil [lo traslada a la experiencia argentina], pero lo que reciben unos y otros no es lo mismo. La educación inicial es una institución de cuidado, pero es una institución educativa cuyos recursos humanos tienen un nivel de profesionalización mayor que en los Centros de Desarrollo Infantil, donde se provee de un cuidado más asistencial. Son elementos que pueden limitar el desarrollo de los niños, y ahí creo que se genera una tensión. Yo soy partidaria de las políticas universales. La aspiración en América Latina tendría que ser tender a la universalización de la educación inicial como mecanismo de cuidado de la primera infancia.