22 de Junio, Rio de Janeiro

Mientras los gobiernos se encuentran encerrados en sus batallas semánticas en el proceso de Rio+20, el movimiento de mujeres y otros movimientos sociales continúan peleando en múltiples frentes por los derechos humanos, la justicia y la sostenibilidad. Estas luchas suceden en diversos territorios y geografías, incluyendo el cuerpo, la tierra, los océanos, los ríos, las comunidades, los estados y campos epistemológicos. Cada uno de estos terrenos está lleno de tensiones con el resurgimiento de fuerzas patriarcales, el capitalismo financiero, el neo-conservadurismo, el consumismo, el  militarismo y el extractivismo.

Es fundamental entender las raíces estructurales más profundas de la crisis que enfrentamos hoy y contar con claridad analítica sobre las interconexiones entre sus diferentes dimensiones. No existe un reconocimiento fundamental de que las múltiples crisis que encaramos están causadas por el modelo actual de desarrollo antropocéntrico, basado en patrones  de producción y consumo insostenibles y en la financiarización de la economía, ambos factores están basadas y exacerban  las desigualdades de género, raza y clase.

En marcado contraste, hace veinte años, en la histórica Cumbre de la Tierra, cuando las interconexiones entre género y los tres pilares de desarrollo sostenible fueron sustantivamente reconocidas, el documento final de Rio +20 relegó los derechos de las mujeres y la equidad de género a la periferia, sin considerar  un análisis estructural más amplio.

En los últimos meses hemos presenciado y confrontado intentos de pequeños grupos de estados ultra conservadores (con fuerte apoyo de un estado observador – la Santa Sede), de hacer retroceder en sólidos acuerdos conquistados sobre los derechos de las mujeres. Estamos indignadas de que una voz minoritaria haya secuestrado las referencias en el texto sobre género y salud y haya bloqueado la mención a los derechos sexuales y reproductivos, argumentando que éstos no tienen relación con el desarrollo sostenible. Mientras la mayoría de los estados se concentraron en los temas que consideraron “los grandes asuntos”:  finanzas, comercio y cooperación al desarrollo, con poco interés de incorporar el análisis de género en estos temas macroeconómicos.

En el texto hay una referencia al “trabajo no remunerado” de las mujeres, pero sin reconocer la desigual e injusta carga que asumen las mujeres en el sostenimiento  del cuidado y del bienestar (para 153). Este hecho  es exacerbado en estos tiempos de crisis económica y ecológica, en la que el trabajo no remunerado de las mujeres actúa como estabilizador y por lo tanto su carga aumenta. Por ejemplo, se hace referencia a las causas que generan la excesiva volatilidad de los precios de los alimentos, incluyendo sus causas estructurales, pero  no están relacionadas a los riesgos y a la sobrecarga que son desproporcionadamente soportadas por las mujeres en este contexto (para 116). El desarrollo no es sostenible si el cuidado y la reproducción social no son reconocidos como  intrínsecamente vinculados con la economía productiva y son reflejados en la formulación de las políticas macroeconómicas.

Se hace una referencia al papel fundamental desempeñado por las mujeres rurales en la seguridad alimentaria a través de prácticas agrícolas tradicionales y sostenibles, incluyendo sistemas tradicionales de provisión de semillas (para 109). Sin embargo, estas prácticas están bajo grave amenaza, si los gobiernos no dejan de priorizar los agronegocios orientados a la exportación. La razón por la cual tales políticas no son tratadas adecuadamente en el documento refiere a los intereses corporativos que están protegidos en el documento de Rio +20.

Los gobiernos del norte que defienden esos intereses corporativos  han deformado el paradigma del desarrollo sostenible en la mal llamada “Economía verde” que ha distorsionado el concepto hacia  el pilar económico, enfatizando el crecimiento económico sostenido sobre el desarrollo equitativo y sin ningún límite ecológico. En esa sección, las mujeres son consideradas como beneficiarias de políticas de bienestar o como proveedoras de mano de obra para la economía verde, pero no existe reconocimiento de ellas como sujetas de derechos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales (paras 58 k & l).

El concepto de “economía verde” es de cierta forma desafiado en el texto por una afirmación sobre las  diversas visiones, modelos y aproximaciones hacia el desarrollo, así como el reconocimiento del espacio de políticas para integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible (para 56). Mientras el reconocimiento del espacio de políticas y la soberanía sobre los recursos naturales es importante, existe la necesidad de cuestionar profundamente  el modelo de desarrollo que se basa en el extractivismo y que falla en considerar los costos sociales y ecológicos.

Mientras que los principios de Rio 92, incluyendo el de  responsabilidades comunes pero diferenciadas son reafirmados en Rio +20, el resultado es desequilibrado entre los tres pilares de desarrollo sostenible, sin una  suficiente atención a la justicia social y de género, incluyendo los derechos de las mujeres. La declaración falla en atacar las desigualdades sistémicas en  los sistemas financieros, monetarios y comerciales a nivel internacional y prioriza el crecimiento económico en detrimento de la ecología y la equidad.

Las feministas de todo el sur global continuarán demandando a los gobiernos detener el retroceso en sus compromisos y comenzar a encarar seriamente las transformaciones estructurales necesarias para un genuino desarrollo sostenible.

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