En el marco de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva era (DAWN) exhorta los gobiernos de América Latina y el Caribe a prestar especial atención a cinco aspectos que resultan centrales para acelerar la implementación y fortalecer el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

1. El desarrollo de políticas públicas multidimensionales e integrales, desde una perspectiva de género y derechos humanos debe ser prioridad: Los compromisos asumidos por los gobiernos en el Consenso de Montevideo demuestran que no es posible el desarrollo sostenible sin garantizar el ejercicio pleno de todos derechos humanos para todas las personas. Esto implica reconocer la centralidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos (DDSSyRR), lograr la igualdad de género y una organización social del cuidado justa, erradicar las violencias en general y contra las niñas y mujeres en particular y subvertir las desigualdades estructurales e intersectadas por razón de género, raza-etnia, edad, orientación sexual, identidad de género, nivel socioeconómico, territorios para la construcción de patrones de desarrollo sostenibles y justos en la región.

Este acuerdo político regional es una gran oportunidad. La amplitud y multidimensionalidad que ostenta el Consenso lejos está de ser una utopía o desventaja, sino que justamente debe constituir un eje estructurante de políticas integrales en favor de la plena satisfacción de derechos para todas las personas y los pueblos de la región. Por ello, la efectiva y plena implementación del Consenso contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros compromisos internacionales asumidos, avanzará en la práctica una agenda más ambiciosa e integral y evitará la dispersión de esfuerzos y recursos.

2. Se requiere de una institucionalidad nueva y fortalecida: El carácter multidimensional e interconectado de las medidas prioritarias de Consenso implica que todos los poderes de cada uno de los Estados, en cada uno de sus niveles institucionales: i) genere o profundice la capacidad de atender las causas de las desigualdades estructurales para lograr una verdadera universalización de derechos, ii) garantice la participación social en condiciones de factibilidad (es decir favoreciendo que se pueda obtener información adecuada y pertinente), y iii) asuma el compromiso de rendir cuentas y promover la posibilidad de reclamo ante un incumplimiento.

Establecer y fortalecer la institucionalidad pública encargada de los temas de población y desarrollo (Med. prioritaria 3) y asegurar la plena integración de la población y su dinámica en la planificación del desarrollo sostenible, las políticas sectoriales y las políticas y programas públicos en general (Med. prioritaria 4) requiere que los Estados y sus diferentes niveles de gobierno no retaceen esfuerzos en superar los compartimientos estancos de las competencias asignadas y sobre todo, logren eliminar la asimetría de jerarquía entre la institucionalidad implicada. Por lo tanto, es necesario que se se jerarquicen los mecanismos encargardos de transversalizar la perspectiva de género, raza-etnia, juventud y se desarrolle un trabajo integrado con las áreas implicadas en el Consenso, incluidas las que definen política económica, social, ambiental.

A la vez, en los estados federales existen competencias concurrentes entre el nivel centralizado y el estatal (o provincial) y por ello, coordinar desde el poder central implica desarrollar estrategias para lograr la adhesión de los otros niveles y materializar esta voluntad de trabajo y objetivos comunes en acuerdos y actos administrativos. La coordinación se debe fortalecer a través de la interacción, la generación de espacios entre los diferentes niveles institucionales y la puesta en valor de aquellos espacios de programación y acuerdo adecuados a las realidades nacionales. La generación de estas capacidades institucionales debe ser una prioridad.

3. Implementar el Consenso requiere de financiamiento suficiente y sostenible: No hay secretos, la asignación de recursos evidencia cuáles son las líneas prioritarias para una gestión. Y esto es razón suficiente para transparentar los presupuestos que los gobiernos destinan a la plena y efectiva implementación del Consenso.

Los estados tienen la obligación de movilizar los máximos recursos disponibles para garantizar los derechos humanos, incluso a través de reformas tributarias progresivas, aumentando la presión tributaria en los sectores de mayores ingresos y combatiendo la evasión y elusión fiscal de empresas multinacionales e individuos con altos ingresos. La desaceleración económica de la región o la vulnerabilidad a variables externas debido a los desequilibrios que la arquitectura económica y financiera global son obstáculos pero no impedimentos para la implementación del Consenso. Los países de América Latina ha demostrado que es posible recuperar un rol activo del Estado en la dinámica económica, por ejemplo implementando políticas contracíclicas, disminuyendo la carga de la deuda o gestionándola  con soberanía en aras a un mejor y mayor cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos.

4. Es esencial desarrollar las capacidades para construir indicadores integrales: Hoy existen grandes falencias en lo que a información estadística se refiere. Una gran cantidad de indicadores agregados ocultan desigualdades según edad, raza, etnia o zona de residencia por ejemplo, en lo que refiere a derechos y la salud sexual y la salud reproductiva, y particularmente a mortalidad materna.

Es fundamental en la definición de los indicadores para el seguimiento del Consenso a nivel regional se incluya la participación y los aportes de las organizaciones feministas. En este sentido, para ser consistentes con el enfoque de derechos humanos promovido en el Consenso, se debe generar capacidad para medir disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios así como indicadores para medir la protección, promoción y garantía de los derechos sexuales. Por ejemplo, a través de encuestas de población es posible monitorear el porcentaje de la población (desagregada por diferentes categorías) que realiza decisiones libres e informadas en materia de sexualidad.

Sin embargo, la ausencia de indicadores integrales no debe ser una excusa para no avanzar en el cumplimiento de la agenda. Las brechas y sus causas no pasan desapercibidas a las y los decisores públicos que conocen la realidad y el contexto donde trabajan. Por ejemplo, se deben redoblar los esfuerzos para prevenir muertes evitables. Las muertes evitables de niñas, adolescentes y mujeres por causas relativas al embarazo, el parto o el puerperio, es un desafío urgente en materia de educación, empoderamiento, servicios de salud adecuados y oportunos, en especial frente a los abortos inseguros. Esto tiene que hacerse expreso sin demora.

5. La participación de organizaciones feministas, movimientos sociales en mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas fortalecidos a nivel nacional y regional es fundamental para la implementación. El desafío que implica cumplir cabalmente con el Consenso conlleva la necesidad de generar espacios de intercambio, acuerdos y trabajos mancomunados para pasar de las palabras a la acción.