Nicole Bidegain Ponte, integrante del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN por sus siglas en inglés) está participando en la primera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolla desde el 12 hasta el 14 de noviembre en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile.

La Mesa Directiva de la Conferencia Regional está analizando los avances en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en los países de la región y discutiendo sistemas de monitoreo específicos que serán finalmente aprobados en la segunda reunión de la Conferencia Regional, prevista para octubre de 2015 en México.

Junto con otras organizaciones feministas y de mujeres de la región, DAWN expresó la necesidad de que los gobiernos redoblen sus esfuerzos en la implementación del Consenso de Montevideo y establezcan un mecanismo de monitoreo que incluya la participación de organizaciones feministas, de mujeres, jóvenes e indígenas que velan por la implementación de las medidas prioritarias del Consenso tales como:

Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su  sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva; (Párrafo 34)

• Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos; (Párrafo 12)
• Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos; (Párrafo 12)
• Asegurar los recursos financieros suficientes y la movilización de recursos para América Latina y el Caribe de la cooperación internacional, con el fin de acelerar la implementación Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo del Programa de Acción de El Cairo después de 2014 y las medidas aquí acordadas, e instrumentar a la par mecanismos claros y efectivos de transparencia y rendición de cuentas; (Párrafo 105).
• En la sesión sobre lineamientos operativos para la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, Nicole Bidegain Ponte realizó una intervención sobre la relevancia de avanzar en la implementación del Consenso de Montevideo en el marco de las negociaciones de la Agenda de Desarrollo después del 2015.

La intervención puede leerse aquí:

Estimadas y estimados integrantes de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, representantes de Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Nicole Bidegain y formo parte de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN por sus siglas en inglés). DAWN es una organización feminista que ha participado y contribuido junto con otras organizaciones y redes presentes en la región en el proceso de Revisión a los 20 años de la Plataforma de Acción del Cairo a nivel regional y global (Cairo+20).

En esta oportunidad quisiera destacar algunas razones por las cuales desde nuestra perspectiva es fundamental avanzar sustantivamente en la implementación integral del Consenso de Montevideo y en la concreción de un mecanismo de monitoreo y rendición de cuentas a nivel regional.

A través de nuestro trabajo de seguimiento de las negociaciones y debates en los procesos de vinculados a la agenda después del 2015, hemos identificado tres grandes desafíos políticos que como feministas hemos tratado de interpelar a nivel global y regional.

En primer lugar, constatamos que las propuestas que están siendo discutidas en Naciones Unidas en relación a la agenda de desarrollo después de 2015 resultan poco ambiciosas para los desafíos estructurales que enfrentan América Latina y el Caribe. Se constata en los debates la predominancia de un discurso regresivo donde “desarrollo” se asocia principalmente a crecimiento económico, donde la agenda de justicia social y las obligaciones de los estados en garantizar los derechos humanos se reducen a medidas “antipobreza” y donde se promueven principalmente soluciones basadas en el mercado o la tecnología para hacer frente al cambio climático. No sólo son preocupantes los contenidos que se están promoviendo sino también, cómo la agenda está siendo formulada. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ya habían sido criticados en la región por atacar las consecuencias y no las causas estructurales que explican la vulneración de derechos y la desigualdad. A su vez, diferentes estudios han puesto en evidencia cómo la priorización de los ODM obstaculizó la implementación de acuerdos más integrales como la Plataforma de Acción del Cairo, desvirtuando las prioridades de la cooperación y de los gobiernos a unos objetivos reducidos, parciales e implementados de forma vertical (DAWN 2012). El impulso de un marco global basado en objetivos genera el mismo riesgo de reducir las agendas de desarrollo a un listado de objetivos, metas e indicadores que perpetúan compartimientos estancos.

En segundo lugar, las tensiones históricas entre “derechos humanos versus desarrollo” sigue marcando los debates y tuvo su clara expresión en la Comisión de Población y Desarrollo este año (CPD47), donde representantes de gobiernos hacen afirmaciones tales como “no podemos comer derechos. Necesitamos crecimiento económico, inversiones para sacar a la gente de la pobreza”, mientras que otros países, especialmente del norte, promueven la agenda de derechos humanos, sin hacer referencia a algunos de los obstáculos estructurales a nivel global (tales como las reglas financieras, comerciales y de inversión) que limitan la capacidad real de los países, y en particular, los países en desarrollo para garantizar los derechos humanos y transitar hacia un desarrollo sostenible.

En tercer lugar, también se constata la promoción de un discurso sobre la participación de las “múltiples partes interesadas”, la confluencia de diferentes actores y la promoción del sector privado como un “agente para el desarrollo” capaz de movilizar recursos en un contexto de caída de los fondos de la cooperación por la crisis económica de los países donantes.

Frente a estos discursos problemáticos, nosotras afirmamos que la agenda de desarrollo después de 2015 no puede reducirse a una lista de objetivos orientados por intereses de gobiernos donantes o de corporaciones. Es necesario que la nueva agenda no sea un retroceso sino que por el contrario se base en los compromisos ya asumidos por los gobiernos en la Plataforma de acción del Cairo y sus avances a nivel regional como es el Consenso de Montevideo y a la vez confluya con otros programas de acción como los de la Conferencia de la Mujer, de Desarrollo Sostenible, Financiamiento para el desarrollo.

Por lo tanto, esta agenda no puede subsumir o suplantar los compromisos de los gobiernos de la región asumidos en el Consenso de Montevideo.  Por el contrario, el Consenso de Montevideo debe impulsar la ambición de los objetivos e indicadores de salud e igualdad de género que se aprobarán en septiembre de 2015 a nivel global. A su vez, el mecanismo de monitoreo de la agenda después de 2015 en materia de salud y género para la región debe alinearse con el mecanismo de seguimiento del Consenso de Montevideo que deberá ser aprobado en la próxima Conferencia Regional de Población y Desarrollo en octubre de 2015 y no al revés.

En segundo lugar, frente a la tensión derechos humanos versus desarrollo, decimos que “no podemos tener desarrollo sin derechos humanos, así como tampoco podemos tener derechos humanos sin desarrollo”. En este sentido, América Latina es la región que puede demostrar que esto es un falso debate y que es posible combinar desarrollo, redistribución, equidad. Este es el gran aporte del Consenso de Montevideo y por lo tanto debe ser el marco a implementar y monitorear.

En tercer lugar, sobre el discurso de las múltiples partes interesadas, consideramos fundamental hacer unas precisiones. Bajo el discurso de la participación y la diversidad es posible legitimar el involucramiento de organizaciones o grupos de presión que a través de su accionar e ideología están obstaculizando en la práctica la implementación del Consenso de Montevideo y la agenda de Cairo o que utilizan ese espacio como una oportunidad de negocios bajo la promoción de alianzas público-privadas en sectores como salud y educación. Por el contrario es necesario caracterizar a la sociedad civil promoviendo la participación de organizaciones feministas, mujeres, jóvenes, e indígenas que han promocionado y avanzado la agenda de Cairo y el consenso de Montevideo, para ello también es necesario movilizar recursos para su participación efectiva.

Por último, una reflexión sobre el debate en torno a los indicadores. Existe otro riesgo a nivel global y es reducir la agenda a lo que es cuantitativamente medible con los recursos disponibles hoy. Para nosotras esto no es una opción. El Consenso de Montevideo promueve medidas orientadas a subvertir desigualdades estructurales y múltiples discriminaciones basadas en el género, la edad, la raza-etnia, la orientación sexual, la identidad de género, los territorios y el estatus migratorio, a promover el empoderamiento y la autonomía de las mujeres y las niñas. Por lo tanto, los indicadores de monitoreo deben dar respuesta a estos objetivos de política, en este camino organismos especializados como la CEPAL deben apoyar así como organizaciones feministas de la región estamos dispuestas también a contribuir.

Muchas gracias.