Resumen

El presente estudio de caso, describe el proceso de privatización del Estado, desde la década de los 90, así como el sistema institucional desarrollado con la asesoría de los organismos internacionales, con la finalidad de promover la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) como solución al déficit de infraestructura en el país. Analiza a profundidad la APP Hospital Alberto Barton-Callao y su Centro de Atención Primaria de La Red Asistencial Sabogal de EsSalud, que se encuentra actualmente en operación, observando que es un proyecto complejo, que no ha sido negociado adecuadamente, pues existen vacíos en el contrato en relación al nivel del establecimiento, la definición de los servicios, la periodicidad para el seguimiento a los indicadores y para su modificación, entre otros; además se han firmado adendas que perjudican a EsSalud, con serios indicios de corrupción.

En relación a la transparencia se evidencia que no se ha consultado a los actores principales —ni al interior, ni al exterior de EsSalud—, que no se han publicado los documentos que sustentan las decisiones tomadas en cuanto al contrato, ni a las adendas. Tampoco se están publicando los reportes de supervisión que permitan la veeduría ciudadana.

Esta situación, incrementa la tensión entre los intereses de la empresa operadora —por obtener tantos beneficios como le sea posible—, y EsSalud que debe velar por los intereses de los usuarios. Impactando en la calidad de los servicios que estos deben recibir, pues la empresa viene incumpliendo las metas referidas a los indicadores de calidad y resultados, afectando sobre todo la salud de las mujeres, e infringiendo los derechos laborales del personal, que en su mayoría son mujeres.

Se concluye que la APP Barton ha significado un costo mayor que la inversión y gestión pública directa, tanto en el financiamiento de la infraestructura como en el costo de operación de los servicios, que la retribución anual que pagará EsSalud durante 30 años, no corresponde a los servicios que brinda, comprometiendo la inversión en la atención de otros servicios de salud.

Frente a ello el movimiento social y sindical sigue resistiendo para evitar la implementación de las APP y la privatización de los servicios públicos, con la finalidad de garantizar servicios de calidad para la población en su conjunto.