En la era de la posglobalización y de tratados comerciales que han pasado de acuerdos multilaterales (léase Organización Mundial del Comercio, OMC) a bilaterales y plurilaterales, y ahora a mega tratados de comercio como el TPP1 y el RCEP2, está claro que la política comercial tiene una influencia cada vez más gigantesca en todas nuestras vidas, incluidas las vidas de las mujeres. La discusión sobre el comercio y los impactos de género ha tomado más importancia ahora pues atrae una
mayor atención en los foros comerciales, pero las soluciones propuestas reflejan enfoques muy diferentes y a menudo problemáticos.
LOS IMPACTOS DE GÉNERO DE LOS ACUERDOS DE COMERCIO E INVERSIÓN
¿Se ven afectadas las mujeres de manera diferente por una política comercial que en su redacción es neutra desde el punto de vista del género? Existe claramente un impacto de género de la liberalización del comercio porque las mujeres se encuentran en una posición de desigualdad en las relaciones económicas, sociales y políticas. La literatura sobre el tema indica que mientras las mujeres se benefician proporcionalmente menos por la liberalización del comercio, sufren un impacto adverso mucho mayor debido a su acceso desigual a los recursos y al poder3 .
El impacto adverso es visible en las áreas tradicionales de comercio, tanto de productos agrícolas como industriales, sectores en que las mujeres participan como productoras, trabajadoras y consumidoras. Por ejemplo, en la India la agricultura emplea a alrededor del 75% de las mujeres campesinas y trabajadoras, quienes vienen luchando contra el aumento de los costos de producción.
Ahora se enfrentan a la competencia de productos importados que llegan a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC), especialmente en plantaciones que se tambalean por el impacto del TLC entre la India y la Asociación Económica Integral Regional (ASEAN, por sus siglas en inglés).
Los subsidios agrícolas occidentales han provocado una sobreproducción masiva y dumping en los mercados mundiales, lo que ha llevado a una caída de los precios para las y los agricultores de los países en desarrollo. En el trabajo industrial, las mujeres obtienen mayores oportunidades en sectores orientados al comercio, como las prendas de vestir; pero el trabajo es principalmente informal, intermitente y altamente explotador. Esto es especialmente visible en las Cadenas Global es de Valor (CGV) orientadas al comercio que explotan la mano de obra barata y no organizada, como la de las mujeres en los países en desarrollo, para obtener ganancias astronómicas.
En el sector de los servicios, el impacto en el empleo ya lo sienten las mujeres comerciantes en la India (como en muchos otros países en desarrollo). La venta minorista solía proporcionar entre el 16% y el 25% del empleo total a las mujeres, que ya enfrentaban la competencia de las grandes cadenas nacionales de distribución. Ahora, con la flexibilización de las normas de inversión extranjera4, enfrentan la competencia de gigantescas cadenas extranjeras de supermercados con recursos financieros para ofrecer descuentos hasta que capturen el mercado. La política comercial no solo afecta el empleo, sino también el acceso a servicios críticos como el cuidado de la salud, la energía y el agua, con resultados a menudo diferentes para las mujeres.
Las rigurosas normas de protección de patentes establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC55 de la OMC y empujadas aún más por las disposiciones sobre Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) “ADPIC-Plus” en los TLC, han llevado los precios de los medicamentos a niveles récord. Las mujeres, que tienen menor acceso a productos y servicios de atención médica, están soportando como resultado una carga más pesada. En la India, hablar con parejas afectadas por el VIH/SIDA reveló que debido a los altos precios de los medicamentos patentados, las mujeres abandonan el tratamiento a favor del hombre que gana el pan. Esto a pesar de que la India es conocida como la farmacia mundial por su industria de medicamentos genéricos, que produce copias de medicamentos a precios bajos; pero esta industria está ahora bajo la amenaza de fuertes disposiciones sobre DPI en varios TLC que el país está negociando.
Además, los inversores extranjeros gozan de una sólida protección en virtud de los capítulos de inversión de los TLC y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), de los cuales alrededor de 3.300 proliferan hoy en el mundo. Para colmo, ahora se está proponiendo un acuerdo multilateral de facilitación de inversión en la OMC. Las cláusulas de resolución de disputas inversionista-Estado (ISDS) bajo estos acuerdos limitan el espacio regulatorio de los gobiernos en todo el mundo, permitiendo a inversores extranjeros demandar a gobiernos en casos de arbitraje internacional secreto por cualquier brecha en las ganancias proyectadas de su inversión, incluso si es producto de una medida de políticas públicas para el desarrollo. Esto ha llevado a una grave congelación de las políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, las y los trabajadores, etc., ha incrementado las tendencias de apropiación de tierras y recursos naturales y ha contendido regulaciones ambientales e incluso de salud pública.
El impacto adverso es aún más evidente en los “nuevos temas” o las nuevas áreas que están siendo impulsadas hacia la liberalización en la OMC y los TLC, principalmente a iniciativa de los países desarrollados. Se trata de la liberalización de inversiones discutidas anteriormente, del comercio electrónico, contratación pública, política de competencia, etc., todo lo cual involucra profundamente el espacio para la creación de políticas públicas, incluidas políticas de desarrollo, que resultan claves en muchos aspectos para la concreción de los derechos de las mujeres. Además, estas son áreas que tienden a beneficiar más a los grupos económicamente ricos y socialmente poderosos.
LAS SOLUCIONES DE LA OMC: ¿MÁS PROBLEMÁTICAS QUE EL PROBLEMA?
Curiosamente, después de décadas de no tomar en serio los reclamos sobre el impacto de género que tienen las políticas de comercio, la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires de 2017 decidió repentinamente presentar la “Declaración de Buenos Aires sobre las mujeres y el comercio”6.
Impulsada por una Coalición Miembro de la OMC, esta Declaración recibió el respaldo de 121 Estados Miembros que “acordaron colaborar para hacer que nuestras políticas de comercio y desarrollo tengan más en cuenta las cuestiones de género”, compartiendo experiencias y mejores prácticas, generando estadísticas sensibles al género, etc.
Sin embargo, en lugar de ser una buena noticia, esta iniciativa más bien hace sonar varias alarmas. En primer lugar, este documento no propone ningún enfoque nuevo sobre la forma de trabajar de la OMC o sus acuerdos. En lugar de evaluar los impactos negativos de dicha liberalización sobre las mujeres (como se describió anteriormente), propone una mayor liberalización como la solución definitiva y como impulso para el empoderamiento de las mujeres. Algunas palabras cosméticas aquí y allá no pueden cambiar ni abordar esto. Además, la iniciativa tiene el potencial de hacer que los acuerdos de la OMC parezcan beneficiosos para las mujeres siempre que las cuestiones de género se aborden de manera trivial y superficial.
La declaración menciona áreas como las compras públicas, el comercio electrónico, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las CGV, todas las cuales son “cuestiones nuevas” y no tienen un mandato acordado para la intervención o elaboración de normas por la OMC. Estas son también áreas donde la mayoría de los países en desarrollo y menos desarrollados han resistido la elaboración de normas, ya que limitan su espacio de políticas e impulsan nuevas formas de liberalización, a menudo encubiertas, para las cuales no están preparados. La liberalización de estas áreas podría, en efecto, crear impactos adversos sobre las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo, incluidas las mujeres, tal como se describe más arriba.
La aprehensión queda corroborada por el hecho de que el calendario de discusión propuesto por la OMC y los socios abarca temas como la contratación pública y la economía digital, cuestiones nuevas que no están bajo su mandato, pero no incluye cuestiones tradicionales importantes como la agricultura, el trabajo informal de las mujeres en industrias de exportación y el acceso a medicamentos, servicios y recursos naturales; muchos de los cuales se consideran temas importantes para las mujeres en los países en desarrollo.
Esta Declaración no parece tener ningún mandato en consulta con los grupos progresistas de derechos de las mujeres que han estado planteando preocupaciones sobre género y comercio por mucho tiempo. Así lo refleja una carta7 que se publicó en respuesta a la Declaración y que fue respaldada por 164 (ahora alrededor de 190) grupos de derechos de la mujer y aliados. Esta carta desafió la premisa de la Declaración y exhortó a los Estados Miembros a abstenerse de adoptarla. Afirmó que “apreciamos que los gobiernos reconocen cada vez más el impacto de género del comercio internacional y las reglas comerciales impuestas a través de la OMC y los acuerdos comerciales preferenciales. Sin embargo, esta declaración no aborda el impacto adverso de las normas de la OMC y, en cambio, parece estar diseñada para enmascarar los fallos de la OMC y su papel en la profundización de la desigualdad y la explotación”.
Sin embargo, quienes defienden los derechos de las mujeres consideraron que el género y el comercio en cualquier foro deben discutirse y actuarse en base a su consentimiento y sus recomendaciones. El enfoque actual en la OMC, argumentan, es una muestra de instrumentalización y de uso indebido de las genuinas preocupaciones de estos grupos sobre los impactos de género del comercio, al utilizarlos como un caballo de Troya.
El enfoque general de los acuerdos comerciales, a nivel multilateral, bilateral y plurilateral, hasta ahora ha sido impulsar una liberalización más agresiva que trabaja en contra de los derechos de las mujeres y la igualdad en general. Mientras este enfoque no cambie, hablar o intentar establecer reglas sobre el género y el comercio sigue siendo puramente cosmético y un esfuerzo, en el fondo, para secuestrar temas de verdadera preocupación y para impulsar una mayor liberalización. También está claro que cualquier intento de abordar el género y el comercio debe enmarcarse en una política comercial favorable para los países en desarrollo, sin la cual las mujeres de estos países no podrán beneficiarse.
e inversión globales y su impacto en las prioridades de desarrollo en el Sur.
NOTAS
1 El Tratado Trans-Pacífico fue firmado por 11 países miembros en todo el Pacífico después de que EE.UU. se retirara con la asunción de Trump en la presidencia.
2 La Asociación Económica Integral Regional se está negociando entre los 12 países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y China, Japón,
Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y la India
3 Ver, por ejemplo: Van Staveren, Irene, Diane Elson, Caren Grown y Nilufer Cagatay (eds.). 2007. The Feminist Economics of Trade, Routledge, Londres y NY.
Para una revisión de la literatura ver Sengupta, Ranja and Abhilash Gopinath. 2009. The Current Trade Framework on Gender Linkages in Developing Economies: An Introductory Survey of Issues with Special Reference to India. December. New Delhi: CENTAD and Heinrich Boll Stiftung; para una breve encuesta de problemas ver: https://www.twn.my/title2/unsd/2013/unsd130903/gender-related%20impacts%20of%20int%27l%20trade%20and%20investment.pdf
4 En India, se permite el 100% de IED en una sola marca y, más recientemente el 51% de IED en el comercio minorista multimarca si los estados lo optan.
5 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, en inglés, TRIPS): https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf
6 Otros TLC de la UE y Canadá también intentan incluir un lenguaje general sobre género en los preámbulos, sin mucha profundidad o aplicabilidad, como el TLC UE-Chile y el CPTPP.
Este artículo está publicado en el DAWN Informa Junio 2018.