DAWN presentó un informe alternativo conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Germán Abdala (Argentina) para la cuarta evaluación periódica de Argentina ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en su 64ava sesion.
DAWN también colaboró con la presentación de un informe sobre el acceso al aborto legal en Argentina: Aborto_Argentina_ComiteDESC
Introducción
La Argentina mantiene importantes limitaciones estructurales para el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de la mayor parte de su población. Estas limitaciones se agravaron en los últimos años por la combinación de medidas políticas y económicas que produjeron una transferencia de ingresos hacia los sectores que concentran el capital, una tendencia hacia la reprimarización del sistema productivo1 y un proceso acelerado de endeudamiento público2.
Desde 2016 una serie de medidas afectaron de forma negativa y diferencial a la población de menores ingresos, en la que se destacan: recorte del gasto en políticas de vivienda3, ajuste de las asignaciones y pensiones jubilatorias y las restricciones de algunos programas de protección social. Además, la política de quita de subsidios a las empresas prestatarias de gas, electricidad y transporte repercutió en un aumento generalizado de las tarifas para usuarios residenciales. En términos acumulativos y de acuerdo a las regiones, las tarifas de servicios públicos desde 2016 presentan un incremento de entre un 200% y un 1000%.
Este ya era un escenario muy adverso para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, se vio crecientemente agravado por las derivaciones políticas y económicas de la situación crítica que atraviesa la Argentina a nivel macroeconómico, caracterizada por el enfriamiento de la economía interna, el empeoramiento de los indicadores laborales y sociales, la alta inflación (estimada en más de un 40% anual para 2018) y el veloz deterioro del poder adquisitivo de los salarios e ingresos fijos, acelerado por las sucesivas devaluaciones del peso argentino.
En abril de 2018, la realidad argentina se vio convulsionada por una crisis cambiaria que tuvo como efecto la devaluación de más del 100% de la moneda nacional frente al dólar estadounidense. El gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, que otorgó a la Argentina un préstamo por 50.000 millones de dólares en el marco del “Memorándum de Entendimiento Técnico”4 por el que el gobierno se compromete a llevar adelante un severo ajuste fiscal, focalizado en la reducción del gasto público. El anuncio no devolvió confianza de los mercados hacia la Argentina, ni contribuyó a estabilizar el valor del peso. A fines de agosto tras nuevas jornadas de “corridas financieras” y acelerada devaluación, el gobierno repactó el acuerdo con el FMI asumiendo mayores compromisos de ajuste fiscal: solicitó un adelanto de fondos y se comprometió a realizar un ajuste mayor destinado a alcanzar la meta de “déficit cero” en 2019.
Según el texto del Memorándum, para orientarse al cumplimiento de esa meta el gobierno aumentará los recortes a subsidios a la energía y al transporte, despedirá a un mayor porcentaje de empleados y empleadas públicos y suspenderá obras públicas. El déficit fiscal provincial actual, de 0,46% del PBI, debe convertirse en un superávit equivalente al 0,25% del PBI en 20225. Dada la estructura tributaria argentina y la baja capacidad que tienen los gobiernos subnacionales para generar ingresos propios, las metas fiscales sólo podrán alcanzarse mediante un severo ajuste de su gasto público, recorte que afectará dos servicios sociales básicos cuya ejecución se encuentra descentralizada: educación y salud.
El gobierno incorporó un impuesto al derecho de exportación de bienes primarios transitorio que culmina en 2020, que fue presentado por el Presidente de la Nación como el pedido de que quienes más ganan más contribuyan: “Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir, me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor”. Sin embargo, en la medida en que el impuesto incorporado es transitorio, fijo y en pesos, el sector exportador puede llegar incluso a ver ampliados sus márgenes de ganancia, en un contexto en el que la expectativa es que exista una mayor devaluación, desnaturalizando el espíritu con el que fue anunciado el impuesto. También existe el riesgo de que se retenga sin comercializar la producción a exportar hasta cumplido el plazo de 2020.
Como gesto de austeridad, el gobierno reestructuró el gabinete nacional, degradando ministerios que implementan políticas públicas de gran impacto en materia de derechos económicos, sociales y culturales al rango de secretarías: Ambiente y Desarrollo Sustentable; Energía, Turismo, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología son actualmente secretarías de Estado.6
En el Memorándum se contempla la posibilidad de realizar gastos adicionales para la protección de los sectores más vulnerables. A partir de la profundización del ajuste bajo el lema de “déficit cero”, el gobierno anunció que otorgará bonos en septiembre y diciembre a los beneficiarios de las asignaciones sociales. Estas medidas particulares se anuncian en un contexto en el que todos los sectores coinciden en que la crisis y el ajuste afectan los derechos de los sectores populares y que esta situación está empeorando aceleradamente.
La creciente conflictividad social, producto del agravamiento de la situación laboral y social, ha sido abordada por el Estado -en sus diferentes niveles y expresiones-, a través de acciones de represión, criminalización e intimidación. Este tipo de acciones tienen un efecto disciplinador y restringe los derechos vinculados con la protesta social y la manifestación pública.
Además de los temas mencionados en esta introducción, el presente informe aborda también otras cuestiones como, entre otras, la situación del acceso a la información pública y a derechos vinculados con el funcionamiento del Poder Judicial. Integra una serie de informes temáticos que en conjunto complementan el relevamiento y análisis de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina. Junto con el presente material y, en alianza con una diversidad de actores y organizaciones, el CELS presenta también informes relativos a la situación de migrantes y de campesinos, de usuarios de servicios de salud mental, sobre el derecho al trabajo, sobre bienes culturales y sobre la situación del derecho al aborto en la Argentina.
En este documento, cada sección plantea preguntas y recomendaciones con la intención de contribuir al proceso de evaluación y que sean tenidas en cuenta por el Comité, tanto en oportunidad de la audiencia de evaluación prevista para el 64° período de sesiones como al momento de emitir sus Observaciones Finales sobre la Argentina.
1. Para más información ver “El impacto negativo de las políticas económicas en la vigencia de los derechos económicos y sociales” en Derechos Humanos en Argentina, informe 2017, disponible en: https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/derechos-humanos-en-la-argentina-informe-2017/
2. Desde diciembre de 2015 la deuda externa argentina aumentó un 142%.
3. La asignación de recursos presupuestarios ha disminuido sensiblemente en materia de políticas estatales de vivienda y hábitat, un área clave para contrarrestar la desigualdad social y territorial en un país con históricos déficit de infraestructura. La participación del gasto público sobre el presupuesto total en vivienda y urbanismo se redujo un 50% entre 2015 y 2016.
4. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/carta-de-intencion-memorandum-de-politicas-economicas-yfinancieras-y-memorandum-de
5. Claudio Lozano y Mariana Rivolta (coordinadores), “La situación de las provincias frente al ajuste del FMI”, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, 10 de agosto de 2018.4
6. Ver decreto 801/2018, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/314078/norma.html
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