Tras pasar las primeras horas comunicándome con familiares y amistades para asegurarme de que estuvieran a salvo, la investigadora y activista feminista que hay dentro de mí entró en acción. Comencé a dialogar con otras feministas venezolanas que se encontraban en el territorio, buscando formas de apoyar su trabajo mientras trataba de comprender la situación: ¿cuántas personas resultaron afectadas?, ¿qué sistemas existen para brindar apoyo tanto a quienes eran rescatados como a quienes realizaban los rescates?

Estas preguntas no surgieron de la nada. Mi investigación ‘Embodying the Cost of a Predatory State: Depletion via Social Reproduction in Venezuela’s Crisis (2013–2021)’, en coautoría con Antulio Rosales, explora la emergencia humanitaria compleja que se ha venido desarrollando en Venezuela desde hace más de una década. La capacidad del Estado se encuentra  profundamente limitada; a modo de ejemplo, Caracas, la capital apenas dispone de entre 2 y 12 ambulancias públicas activas por día, de acuerdo con la fuente que se consulte. El deterioro institucional resulta innegable y ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, quienes tradicionalmente asumen la tarea de sostener un sistema de cuidados en ruinas. Si a esto le sumamos el impacto de un desastre de aparición súbita como un terremoto, el resultado es una tormenta perfecta de necesidades crecientes e interconectadas, acompañadas de riesgos diferenciados por género. Once de los 23 estados del país sufrieron afectaciones a causa de los sismos, siendo el estado La Guaira, partes del estado Miranda y de la capital, Caracas, las zonas más golpeadas. Al 20 de julio, las cifras oficiales contabilizan 5.398 personas fallecidas y 16.740 heridas. OCHA estima que 23.820 personas se encuentran en albergues y prevé que 1,3 millones de personas necesitarán algún tipo de asistencia en los próximos seis meses.

Sin embargo, no existen datos desagregados por sexo y género ni información disponible, o cuando menos es sumamente limitada, sobre las necesidades en materia de Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) o sobre la Violencia Basada en Género (VBG) en el marco de esta nueva emergencia humanitaria.

Una crisis humanitaria preexistente con profundas implicaciones de género

La compleja crisis humanitaria que enfrenta el país desde hace más de una década es el resultado de la interacción entre políticas gubernamentales insostenibles y la mala gestión de la industria petrolera, agravada por la imposición de sanciones sectoriales por parte de los Estados Unidos en 2019.

Las limitadas capacidades institucionales del Estado se han redirigido al control de la población y a la represión de la disidencia. Esta violencia estatal se evidencia, por ejemplo, en que las muertes de civiles a manos de la policía se multiplicaron por siete entre 2010 y 2018, proceso que ocurrió en paralelo al dramático deterioro de los servicios públicos y del acceso a los alimentos. En este contexto, aproximadamente 7,9 millones de personas han abandonado el país, la mayoría a partir de 2018, y han llegado a sus destinos con diversos grados de necesidad de protección internacional. A todo esto se suma que, en enero de 2026, el gobierno estadounidense llevó a cabo una intervención militar en Venezuela y detuvo al entonces presidente, Nicolás Maduro, otorgando su respaldo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez e inaugurando una nueva era de tutela estadounidense sobre el país.

La prolongada crisis humanitaria que precedió a los terremotos tiene impactos significativos diferenciados de género. Es alarmante que Venezuela registre la segunda tasa de mortalidad materna más alta de América Latina y el Caribe, con 227 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. También, el acceso a métodos anticonceptivos se encuentra crónicamente limitado debido, entre otros factores, a su escasez y a la imposibilidad de costearlos. El aborto continúa penalizado en la mayoría de los casos, bajo una de las legislaciones más restrictivas de la región. De igual manera, el profundo deterioro de los servicios públicos incrementó la carga de trabajo de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres y las niñas, especialmente sobre aquellas en situación de pobreza. Esto se traduce en una drástica caída de la participación laboral femenina, la cual en 2015 se redujo al 39%.

Históricamente, la división sexual del trabajo ha situado a las mujeres venezolanas en el centro de la labor comunitaria. Durante décadas, múltiples gobiernos venezolanos se han apoyado en el trabajo no remunerado de las  mujeres en las bases sociales para acceder a sus comunidades e, incluso, para implementar políticas públicas. El profundo deterioro de la capacidad estatal de la última década agravó esta dependencia excesiva del trabajo no remunerado de mujeres y niñas; una dinámica que hoy también se reproduce en la respuesta humanitaria a la crisis prolongada. Incluso antes de los terremotos, las mujeres ya venían asumiendo la mayor parte de la distribución de ayuda humanitaria, facilitando el acceso a las comunidades y gestionando, dentro de lo posible, la atención a sus necesidades.

Tras los sismos y en las primeras 72 horas de funcionamiento de los albergues para personas desplazadas,  Tinta Violeta identificó 22 casos de violencia sexual. Este dato resalta la urgencia de garantizar condiciones de mayor seguridad y protección, especialmente para las mujeres, las infancias y las adolescencias, que constituyen los grupos poblaciones con mayor riesgo. Esto incluye, entre otras medidas, acceso a agua corriente y a servicios sanitarios seguros y privados, acceso sostenido a productos de higiene menstrual y la promoción de espacios de convivencia pacífica y segura.

Las respuestas humanitarias deben orientarse a prevenir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad en las poblaciones afectadas por crisis, integrando plenamente los DSSR. UNFPA estima que 36.700 mujeres embarazadas resultaron afectadas por los terremotos, incluyendo aproximadamente 4.000 que se esperaba dieran a luz en el mes siguiente. Así mismo, OCHA reporta que 154 mujeres en albergues temporales recibieron atención prenatal, pero no hace mención de ningún parto transcurrido un mes desde los sismos. Resulta evidente y preocupante que existe una desconexión  entre las necesidades identificadas al inicio de la emergencia y la atención obstétrica reportada. 

En este contexto, y dada la alta tasa de mortalidad materna preexistente en el país, resulta imperativo asegurar un acceso suficiente, sostenido y consensuado a opciones anticonceptivas; así como controles prenatales rigurosos; espacios de parto accesibles, seguros e higiénicos que cuenten con personal de salud capacitado para atender a quienes se encuentran tanto dentro como fuera de los albergues temporales.

Una crisis humanitaria crítica con importantes desafíos de gobernanza

La complejidad de cualquier crisis humanitaria a gran escala tiende a agravar los desafíos al funcionamiento de todo sistema de gobernanza, exponiendo la fragilidad preexistente de las instituciones. Estos desafíos se ven exacerbados en gobiernos autoritarios que operan bajo la tutela de potencias extranjeras.

Múltiples reportes periodísticos dan cuenta de una respuesta estatal tardía, con demoras en la llegada a las zonas críticas y una capacidad de despliegue sumamente limitada. A más de un mes de los sismos, cientos de familias continúan buscando a sus seres queridos sin saber si sobrevivieron ni cuál es su paradero, mientras que el sistema de información pública no registra ninguna actualización desde el 2 de julio. Aun cuando no existen datos oficiales sobre las personas desaparecidas, la iniciativa de la sociedad civil Desaparecidos Terremoto Venezuela estima que hay más de 29.000 personas en esta situación.

Al momento de redactar este artículo, existen 107 albergues temporales distribuidos en cinco estados. La gestión de estos espacios ha sido asignada a distintos ministerios del gobierno, independientemente de sus áreas de competencia. El acceso de la sociedad civil a los albergues es limitado y está supeditado a la aprobación del ministerio a cargo de cada uno. UNFPA, por ejemplo, brindó apoyo en materia de DSSR a tan solo cuatro albergues (de los 107 habilitados) durante el primer mes posterior a los terremotos, lo que evidencia el alcance limitado de los enfoques específicos en el área. Esta estrategia fragmentada restringe la rendición de cuentas y obstaculiza la posibilidad de abordar cuestiones urgentes, como la VBG y las necesidades de DSSR, en todas las dimensiones de la respuesta humanitaria.

Fortalecer la respuesta a la VBG y a las necesidades en materia de DSSR

El hecho de que Venezuela esté enfrentando una emergencia humanitaria de aparición súbita superpuesta a una crisis prolongada preexistente plantea desafíos específicos. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil ya existentes, cuya experiencia técnica en VBG y DSSR es fundamental, resulta esencial para la seguridad y supervivencia de las mujeres y niñas desplazadas por esta crisis. Al mismo tiempo, estas organizaciones enfrentan desafíos estructurales. En primer lugar, se encuentran sometidas a una demanda extrema, dado que ya estaban en la primera línea de respuesta ante las consecuencias de la emergencia humanitaria crónica. En segundo lugar, al igual que todas las organizaciones no gubernamentales, operan en un contexto de restricción en el que la libertad de asociación se encuentra en riesgo.

En términos estadísticos, Venezuela ya era un lugar peligroso para dar a luz desde antes de los terremotos. Este hecho por sí solo debería situar las necesidades en materia de DSSR en primer plano. Un enfoque fragmentado, con un alcance limitado en los albergues y basado en intervenciones esporádicas, no será suficiente para hacer frente a los enormes retos que se avecinan. En última instancia, los DSSR no deben ser un componente accesorio de los esfuerzos de reconstrucción, sino una prioridad en su núcleo central.