El entorno del 8 de marzo es siempre propicio para reflexionar sobre los avances y los desafíos que han conseguido y que aún enfrentan los feminismos. En 2018, la efervescencia del debate público en temas históricos de la agenda feminista (al menos en algunos países de América Latina), pueden hacernos sentir que ahora (o nunca) es el momento de consolidar las conquistas y profundizar avances concretos. Por eso es un buen ejercicio pensar qué se ha logrado, qué falta todavía y cómo podemos aprovechar este momento para lograr el total respeto y la plena promoción de los derechos de las mujeres.

La cuestión de la organización social del cuidado (OSC), es decir, de la manera en que las sociedades resuelven, a través de la participación concurrente de los hogares, el Estado, el mercado y la comunidad, la reproducción cotidiana de la vida, es ya parte de la agenda feminista en la región. El reconocimiento que la OSC en nuestros países es injusta y un vector de reproducción de desigualdad, implica que la demanda por su reorganización sea prioritaria para los feminismos. Gracias a la insistencia de las organizaciones de mujeres y feministas, de la producción académica y del trabajo de algunas agencias de Naciones Unidas, el tema también ha ido permeando, lentamente, la agenda de discusión de las políticas públicas. Entonces…¿qué hemos logrado?

Primeramente, la visibilización del tema como un problema. Gracias a la producción de información sobre uso del tiempo, las estadísticas públicas han puesto en evidencia la desigualdad persistente en el reparto de las responsabilidades domésticas y de cuidado entre varones y mujeres. A su vez, la construcción de diagnósticos sobre la OSC en algunos países de la región, permitió demostrar que estas responsabilidades se siguen asumiendo mayormente de manera privada por parte de los hogares. Ante la debilidad o directa ausencia de la provisión pública para resolver las necesidades de cuidado, los hogares recurren a comprar cuidado (si tienen la capacidad económica para hacerlo) o al trabajo de cuidado no remunerado provisto mayormente por las mujeres. Esto es un problema, no sólo porque limita y oprime la vida de las mujeres, sino porque la sociedad entera padece las consecuencias.

Este es el segundo logro que lentamente se va consiguiendo: que el problema se asuma no como un tema de las mujeres, sino como un problema social. En efecto, el reconocimiento que la injusticia propia de la OSC reproduce desigualdades, no solamente de género sino también socio-económicas, hace que su transformación sea una aspiración no solamente de las feministas sino de todas las personas que pretendemos vivir en sociedades más justas e igualitarias.

Así, el tema ha ido permeando lentamente la agenda de discusión de política pública regionalmente, y se han conseguido avances concretos en algunos países. Entre ellos pueden resaltarse: i) el reconocimiento normativo de la contribución social del trabajo de cuidado y la necesidad de su reparto equitativo (como en los casos de las Constituciones Nacionales de Bolivia y Ecuador), ii) la producción sistemática de información que permite cuantificar el trabajo de cuidado y su contribución social y económica en las cuentas nacionales (como en los casos de Colombia y México), iii) la extensión paulatina de las licencias paternales y la incorporación de licencias parentales (como por ejemplo, en los casos de Panamá y Uruguay), iv) el avance en la provisión de servicios de cuidado para niños y niñas, en particular en la primera infancia (como por ejemplo, en los casos de Chile y República Dominicana), v) la paulatina mejora en los marcos regulatorios del trabajo remunerado en casas particulares (como por ejemplo en el caso de Argentina), vi) el diseño y embrionaria construcción de Sistemas Integrados de Cuidado (como en el caso emblemático de Uruguay).

Estos avances son sin dudas relevantes, pero también insuficientes. ¿Qué desafíos persisten? En primer lugar, acelerar los avances. La velocidad a la que las mujeres nos hemos ido incorporando al mundo de trabajo remunerado parece un tren bala, al lado de la velocidad carreta a la cual los hombres se van incorporando al mundo del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Concientización social y políticas públicas son necesarias para acelerar el paso.

En segundo término, es necesario complejizar los diagnósticos sobre la OSC y reconocer las necesidades diversas de las personas y los hogares. Por un lado, hace falta conocer mucho mejor cuál es la forma que adopta la OSC en los medios rurales, donde hasta la propia definición de cuidado se pone en tensión. Por otro lado, resulta necesario salir de las visiones binarias y tradicionales (hombres/mujeres, hogares nucleares) para poder captar las realidades de las múltiples formas familiares, sus necesidades peculiares y por lo tanto, las respuestas específicas de política que se requieren. Por caso, la extensión de la licencia por paternidad es imprescindible, pero ¿en cuánto le cambiará la vida a una madre en un hogar monoparental? O bien, ¿cómo se adaptan los regímenes de licencias vinculadas al cuidado a la realidad de familias homoparentales?

En tercer lugar, es necesario despegar la discusión de la reorganización de la OSC de la cuestión del empleo. Las visiones predominantes siguen pensando el tema en función de cómo facilitar los arreglos de cuidado de la población trabajadora asalariada registrada. Los marcos normativos (por caso los regímenes de licencias vinculadas al cuidado), presentan este sesgo de manera notoria. Cómo pueden extenderse los beneficios a la enorme masa de personas ocupadas en el empleo informal es algo clave en América Latina, donde la informalidad y precariedad laboral sigue siendo la experiencia de empleo más frecuente para la mayoría de la población, y donde el alejamiento de cualquier experiencia vinculada al mundo del trabajo remunerado se va extendiendo entre la población joven (con enormes índices de desempleo e inactividad laboral).

En cuarto lugar, es necesario revisar el registro maternalista que tienen los abordajes a la cuestión del cuidado en la región. La cuestión del cuidado no es un tema materno-infantil. No se trata sólo de pensar políticas para asistir a las madres y para proteger a los niños y niñas. Se trata de pensar cómo socialmente reorganizamos el cuidado de las personas que por su edad o condición física requieren cuidado, que no son sólo los niños y niñas, sino también las personas mayores dependientes y las personas con discapacidad. Y se trata también de ampliar las posibilidades de que las personas podamos elegir la manera en que cuidamos y recibimos cuidado. Por eso, el desarío consiste en diseñar e implementar políticas de cuidado, pero también, por ejemplo, de fortalecer las políticas de protección de la salud y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo.

En quinto término, hace falta un abordaje más integral en las estrategias de política púbica que se van discutiendo en los países de la región. Si bien los avances mencionados anteriormente son importantes y deben promoverse, en muchos casos solo están atendiendo aspectos parciales del problema. La integralidad es relevante no solamente para dar cuenta de la multidimensionalidad de la cuestión, sino también para i) impedir solucionar un problema generando otros nuevos, ii) evitar profundizar la segmentación social, y iii) conseguir una utilización más eficiente de los recursos.

En sexto lugar, lo anterior nos lleva a señalar la necesidad de que el compromiso político de los gobiernos para avanzar en este tema se exprese en la asignación de los recursos presupuestarios necesarios. No alcanza con los discursos sensibles ni las actitudes «género o feminista-friendly». Hace falta voluntad política y dinero. La implementación de políticas públicas para la transformación de la OSC requiere esfuerzos fiscales. Y en ninguna medida esta puede ser una excusa para demorar los avances. Al menos por dos razones. Por un lado, porque los gobiernos de la región pueden y deben avanzar reformas tributarias que amplíen la captación de recursos y mejoren la progresividad de los sistemas impositivos (mediante una ampliación de la tributación sobre los ingresos personales, la reducción o eliminación de los beneficios tributarios para las grandes corporaciones, y enfrentando a los flujos financieros ilícitos). En segundo lugar, porque la implementación de políticas de cuidado tiene un costo fiscal, pero su ausencia tiene un costo-socioeconómico que debe ser también valorado.

La demanda por una reorganización social del cuidado forma parte de las consignas que este 8 de marzo, levantamos las mujeres y todas las personas que queremos vivir en un mundo mejor. Esperemos que sea ahora, y para siempre.